Muy buena la iniciativa de Gus Arballo en su blog de someter a juristas a interrogatorios sobre su formación profesional. Empezó bien: Gargarella y Bovino. Ambos critican a la academia jurídica argentina por chata. No confían en la justicia local. Uno admira a Maier y otro nominaría -tal vez- a Marcela Rodríguez a la Corte Suprema de Justicia.
Hablando de jueces y buceando en la página de Gargarella (que ojalá se convierta en blog algún día) encontramos este texto sobre los jueces y la visión restrictiva que estos tienen respecto de la democracia. En él el autor refuta uno por uno los argumentos a favor de la llamada 'restricción' de los jueces a la hora de actuar como el tercer poder del Estado.
Partiendo del supuesto de que un juez decida obligar al Estado a dar un estipendio mensual por hijo a los cartoneros para asegurar el derecho constitucional a la educación de estos, sostiene que las siguientes teorías críticas de esa decisión son erróneas: a) que se trata de un abuso del derecho; b) que el 'activismo' judicial es inaceptable; c) que el activismo judicial es aceptable sólo en relación a derechos civiles y políticos que implican una obligación del Estado de no hacer o impedir, y no una de hacer mediante la asignación de recursos como en el caso de los derechos sociales; d) que una decisión así atenta contra la división de poderes; e) que una decisión así no es democrática por la falta de legitimidad eleccionaria del poder Judicial.
Hablando de jueces y buceando en la página de Gargarella (que ojalá se convierta en blog algún día) encontramos este texto sobre los jueces y la visión restrictiva que estos tienen respecto de la democracia. En él el autor refuta uno por uno los argumentos a favor de la llamada 'restricción' de los jueces a la hora de actuar como el tercer poder del Estado.
Partiendo del supuesto de que un juez decida obligar al Estado a dar un estipendio mensual por hijo a los cartoneros para asegurar el derecho constitucional a la educación de estos, sostiene que las siguientes teorías críticas de esa decisión son erróneas: a) que se trata de un abuso del derecho; b) que el 'activismo' judicial es inaceptable; c) que el activismo judicial es aceptable sólo en relación a derechos civiles y políticos que implican una obligación del Estado de no hacer o impedir, y no una de hacer mediante la asignación de recursos como en el caso de los derechos sociales; d) que una decisión así atenta contra la división de poderes; e) que una decisión así no es democrática por la falta de legitimidad eleccionaria del poder Judicial.
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