martes, junio 17, 2008

Por Fin

La decisión de la presidente Cristina Fernández de enviar el tema de las retenciones al Congreso parece darle al Gobierno un poco del aire que necesitaba. Desde todos los sectores se reclamaba diálogo. Que en el Congreso se debata en forma amplia, abierta y de cara a la sociedad estos asuntos parece auspicioso.

Ya veremos si el Congreso sirve como órgano deliberativo o si, por el contrario, la disciplina partidaria hace de él un mero (pero legítimo) trámite de la mayoría. Sería deseable que la discusión sea franca y amplia y que lleve un tiempo considerable, en el que se puedan sopesar argumentos, evaluar escenarios y estudiar perspectivas. La verdad es que para ser completa la cosa, se debería suspender de alguna manera la resolución del Ministerio de Economía que generó todo

(Martincito, que quilombo que armaste querido... ¿Que tal anda el boulevard Saint-Germain?)

Pero sería pedir demasiado, me temo. Lo cierto es que para que se de el diálogo, es necesario terminar con las medidas de fuerza, parece ser lo que corresponde. Lo que no se podrá hacer es obligar a los productores a comercializar granos, pero como éstos no son de consumo interno, no afecta más que a las cuentas fiscales. Y como hay superávit acumulado, todo liso, ¿verdad?

Así que parece que hay una luz al final del túnel. Que esto haya durado casi cien días, es algo que le compete explicar a los apologistas del Gobierno. Yo lo atribuyo a una incapacidad que me sorprendió en mi buena fe, que querés que te diga.

Si la intervención del Congreso solo se limita a ratificar sin más la resolución de Martincito, me temo que estamos al horno con papas y cebollas. Y demostraría, como dice Gargarella, que el presidencialismo (incluido, oh, al Congreso) sirve poco para resolver problemas como este.

Por último, Alberto Bovino habla sobre el principio de legalidad y las retenciones. Dice Alberto:

"Si en una acción judicial yo planteo la inconstitucionalidad del actual sistema de retenciones por violación al principio de legalidad, ello no sólo sería compatible con nuestra doctrina y jurisprudencia constitucional en la materia, sino, además y especialmente, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derecho Humanos".

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