
La decisión del Ejecutivo de enviar al Congreso el tema de las retenciones presenta una buena oportunidad para probar los presupuestos de legitimidad la democracia deliberativa. Para ello habrá que estar muy atentos a lo que pase en las próximas semanas.
Como dice el título, se pedía diálogo, pero vino Congreso. No es lo mismo, pero ciertamente la perspectiva de que el Congreso trate la cuestión genera cierta ilusión de que en Callao y Rivadavia se de el diálogo que tanto se pedía. Lamentablemente, la pretensión del Ejecutivo de 'no cambiar una coma' del proyecto indicaría que el recorrido de kilómetro y medio que la polémica medida hizo por Avenida de Mayo de poco servirá para resolver el conflicto.
Sin embargo, y tal vez por el hecho de que toda esperanza es un poco estúpida, habrá que esperar para ver que sucede. El escenario que se plantea es de lo más interesante: teóricos del derecho, las ciencias políticas y hasta la teoría de los juegos deberían prestar atención a lo que acontece en los próximos días.
Deliberaciones. La teoría de la demoracia deliberativa sostiene que es más probable alcanzar decisiones correctas y moralmente válidas si se da un proceso de discurso moral colectivo del que participen los ciudadanos. Y que el derecho, para ser válido, requiere que aquellos que puedan ser afectados por una norma participen de su elaboración.
Este punto de vista 'ideal' considera a la demoracia representativa como un mal menor, ya que sólo satisface de un modo imperfecto el requisito de la participación colectiva de los potenciales afectados. Pero hay mecanismos institucionales que pueden incentivar esa participación, como por ejemplo las audiencias públicas, los debates abiertos, las voces sin voto en los cuerpos deliberativos, etcétera.
Pero -y siempre desde el punto de vista de esta teoría- también es necesario que la deliberación ocurra siguiendo ciertos requerimientos sustantivos. Así, es necesario que se den argumentos en función de una u otra posición, que se discuta en forma abierta, considerando, debatiendo y rebatiendo todos los argumentos relevantes. Y que estos argumentos sean realmente argumentos y no recursos más o menos falaces (recuerdo, de memoria, algunas que enumera Nino: los argumentos ad hominem, la mera enumeración de hechos, etcétera).
Como puede verse de este esquema probablemente poco preciso sobre la teoría de la demoracia deliberativa, el proceso de deliberación colectiva lleva tiempo. Esto es a la vez una ventaja y una desventaja del sistema: permite que las cuestiones se estudien en profundidad, pero al mismo tiempo impide resolver en forma rápida ciertos asuntos que tal vez andan más necesitados de una solución que de una solución correcta. Teniendo en cuenta esto, sería conveniente que la medida sea suspendida y las medidas de fuerza levantadas a fin de que el debate se de con amenazas externas de la menor envergadura posible.
De modo que, próximamente en su Congreso preferido, usted querido lector podrá ver los elementos deliberativos en funcionamiento. Hay varias opciones, que reduciremos a dos: a) el Congreso aprueba a libro cerrado, no hay deliberación de ningún tipo y el problema sigue, como dice Pagni o b) la deliberación es seria, se alcanzan acuerdos de base que luego se expresan en una legislación comprensiva de todos los temas del 'campo'.
Entre 'a' y 'b' hay muchas opciones. Es cuestión de esperar para ver que pasa. En El Agente de Cipol se plantean diversos escenarios legislativos hipotéticos en dónde las chances de que se mantenga el esquema vigente son de tres a uno.
Lo importante es destacar que para muchos, la aprobación a libro cerrado no otorgaría per se legitimidad a la medida. Al menos no para aquellos que sostienen una visión deliberativa de la democracia. Lo decimos a modo de aviso, para que luego no vayan a decir: 'Querían Congreso, les dimos Congreso' (como si esto no fuera un mandato constitucional).
Gargarella habla del test de las razones y el debate público.
Congreso sí, pero deliberación, también.
Como bien señalan en El Cielo por Asalto, el 'mero trámite' no será suficiente, aunque Aureliano no considera las razones que expusimos anteriormente. Dice Aureliano:
Esta visión de legitimidad democrática no es deliberativista. De todas formas, coincidimos con Aureliano en que "el giro del asunto al Congreso podrá ser una solución en la medida que se utilice esta arena como un espacio para hacer concesiones amplias...". Agregamos que usualmente a esos acuerdos se llega luego de charlar un rato (largo) el asunto.
[Si pudieramos, haríamos de la experiencia legislativa en este caso un estudio de campo que sirva para evaluar estos presupuestos teóricos].
Y hay otras cosas para ver.
1. Por un lado, la votación que se haga en el Congreso debería ser, como todas las votaciones, nominal. Esto significa que el voto de cada legislador debería quedar registrado para que sus votantes (a quienes representan) puedan evaluar su desempeño cuando éstos se presenten a reelecciones futuras.
2. Por otro lado, el ejemplo permitirá evaluar la disciplina partidaria, tema más propio de los politólogos que de los constitucionalistas, quienes de todas formas no tienen por que renunciar a analizar el tema desde un punto de vista normativo. En ese sentido, Artemio López se pregunta ciertas cuestiones relativas a las bondades y/o maldades de la disciplina partidaria y el Criador, muy presidencialista él, las responde (por acá diríamos que la disciplina partidaria tiene aspectos buenos y malos; pero como esta planteado el tema, el aspecto negativo es fuerte: la disciplina del oficialismo eliminaría la posibildad de debatir en forma abierta el asunto).
[La foto es de un paper de Mark Jones al que llegué gracias a Aureliano que habla sobre la disciplina partidaria en la Argentina. Lo tengo para leer ni bien el tiempo lo permita]
3. Estos dos temas se relacionan con la cuestión de la representatividad política de los respresentantes del pueblo. En un sistema de circunscripciones uninominales como el que existe en los Estados Unidos, una medida como la que se busca tomar, que pone en cuestión aspectos fundamentales del federalismo, no pasaría nunca.
Si ese fuese el sistema argentino (no decimos que deba serlo), los representantes de las provincias agropecuarias seguramente estarían con el campo, al menos si pretenden seguir teniendo carreras políticas vigorosas). En un sistema de representación proporcional como el nuestro, los legisladores deberían enfrentar las quejas de sus representados.
Pero más miedo que chacareros memoriosos generan quienes tienen el poder de sacarlos de las listas partidarias en la próxima elección: el mazo de los capos del partido es más amenazante que las eventuales, hipotéticas y lejanas represalias de los votantes. Además, como no hay un sistema de tachas en las listas, el señalamiento individual de un legislador que busca su reelección y la correlativa accountability tienen relativa importancia.
[Nuestro hipotético estudio de campo buscaría fondos para seguir el tema en la elección de legisladores de 2009, en base a cómo voto cada legislador].
Como deciámos antes, ojalá que el escenario que se plantee sea el de una deliberación profunda que permita llegar a cierto consenso en torno a la política agropecuaria. Puede ser una confianza medio tonta, pero creemos que el diálogo sirve para esos fines loables.
'Hablando se entiende la gente', que le dicen.
Como dice el título, se pedía diálogo, pero vino Congreso. No es lo mismo, pero ciertamente la perspectiva de que el Congreso trate la cuestión genera cierta ilusión de que en Callao y Rivadavia se de el diálogo que tanto se pedía. Lamentablemente, la pretensión del Ejecutivo de 'no cambiar una coma' del proyecto indicaría que el recorrido de kilómetro y medio que la polémica medida hizo por Avenida de Mayo de poco servirá para resolver el conflicto.
Sin embargo, y tal vez por el hecho de que toda esperanza es un poco estúpida, habrá que esperar para ver que sucede. El escenario que se plantea es de lo más interesante: teóricos del derecho, las ciencias políticas y hasta la teoría de los juegos deberían prestar atención a lo que acontece en los próximos días.
Deliberaciones. La teoría de la demoracia deliberativa sostiene que es más probable alcanzar decisiones correctas y moralmente válidas si se da un proceso de discurso moral colectivo del que participen los ciudadanos. Y que el derecho, para ser válido, requiere que aquellos que puedan ser afectados por una norma participen de su elaboración.
Este punto de vista 'ideal' considera a la demoracia representativa como un mal menor, ya que sólo satisface de un modo imperfecto el requisito de la participación colectiva de los potenciales afectados. Pero hay mecanismos institucionales que pueden incentivar esa participación, como por ejemplo las audiencias públicas, los debates abiertos, las voces sin voto en los cuerpos deliberativos, etcétera.
Pero -y siempre desde el punto de vista de esta teoría- también es necesario que la deliberación ocurra siguiendo ciertos requerimientos sustantivos. Así, es necesario que se den argumentos en función de una u otra posición, que se discuta en forma abierta, considerando, debatiendo y rebatiendo todos los argumentos relevantes. Y que estos argumentos sean realmente argumentos y no recursos más o menos falaces (recuerdo, de memoria, algunas que enumera Nino: los argumentos ad hominem, la mera enumeración de hechos, etcétera).
Como puede verse de este esquema probablemente poco preciso sobre la teoría de la demoracia deliberativa, el proceso de deliberación colectiva lleva tiempo. Esto es a la vez una ventaja y una desventaja del sistema: permite que las cuestiones se estudien en profundidad, pero al mismo tiempo impide resolver en forma rápida ciertos asuntos que tal vez andan más necesitados de una solución que de una solución correcta. Teniendo en cuenta esto, sería conveniente que la medida sea suspendida y las medidas de fuerza levantadas a fin de que el debate se de con amenazas externas de la menor envergadura posible.
De modo que, próximamente en su Congreso preferido, usted querido lector podrá ver los elementos deliberativos en funcionamiento. Hay varias opciones, que reduciremos a dos: a) el Congreso aprueba a libro cerrado, no hay deliberación de ningún tipo y el problema sigue, como dice Pagni o b) la deliberación es seria, se alcanzan acuerdos de base que luego se expresan en una legislación comprensiva de todos los temas del 'campo'.
Entre 'a' y 'b' hay muchas opciones. Es cuestión de esperar para ver que pasa. En El Agente de Cipol se plantean diversos escenarios legislativos hipotéticos en dónde las chances de que se mantenga el esquema vigente son de tres a uno.
Lo importante es destacar que para muchos, la aprobación a libro cerrado no otorgaría per se legitimidad a la medida. Al menos no para aquellos que sostienen una visión deliberativa de la democracia. Lo decimos a modo de aviso, para que luego no vayan a decir: 'Querían Congreso, les dimos Congreso' (como si esto no fuera un mandato constitucional).
Gargarella habla del test de las razones y el debate público.
Si el paso por la Cámara se convierte en un mero trámite, en donde no se escuchan y rebaten los argumentos de la oposición, y no se dan razones públicamente aceptables acerca de lo que se hace, volveremos volveremos, a pedir la inconstitucionalidad. Pero confiamos en que habrá debate y no una ficción de debate.
Congreso sí, pero deliberación, también.
Como bien señalan en El Cielo por Asalto, el 'mero trámite' no será suficiente, aunque Aureliano no considera las razones que expusimos anteriormente. Dice Aureliano:
Cuando tal votación ocurra, los Morales Solá's de innumerables medios acusarán al Congreso de ser la escribanía oficial y recurrirán a diferentes argumentos para desacreditar la decisión legislativa. Y eso será así porque básicamente a ninguno de ellos les interesa la legitimidad democrática de las autoridad sino alcanzar concesiones sobre el patrón de apropiación de la renta.
Esta visión de legitimidad democrática no es deliberativista. De todas formas, coincidimos con Aureliano en que "el giro del asunto al Congreso podrá ser una solución en la medida que se utilice esta arena como un espacio para hacer concesiones amplias...". Agregamos que usualmente a esos acuerdos se llega luego de charlar un rato (largo) el asunto.
[Si pudieramos, haríamos de la experiencia legislativa en este caso un estudio de campo que sirva para evaluar estos presupuestos teóricos].
Y hay otras cosas para ver.
1. Por un lado, la votación que se haga en el Congreso debería ser, como todas las votaciones, nominal. Esto significa que el voto de cada legislador debería quedar registrado para que sus votantes (a quienes representan) puedan evaluar su desempeño cuando éstos se presenten a reelecciones futuras.
2. Por otro lado, el ejemplo permitirá evaluar la disciplina partidaria, tema más propio de los politólogos que de los constitucionalistas, quienes de todas formas no tienen por que renunciar a analizar el tema desde un punto de vista normativo. En ese sentido, Artemio López se pregunta ciertas cuestiones relativas a las bondades y/o maldades de la disciplina partidaria y el Criador, muy presidencialista él, las responde (por acá diríamos que la disciplina partidaria tiene aspectos buenos y malos; pero como esta planteado el tema, el aspecto negativo es fuerte: la disciplina del oficialismo eliminaría la posibildad de debatir en forma abierta el asunto).
[La foto es de un paper de Mark Jones al que llegué gracias a Aureliano que habla sobre la disciplina partidaria en la Argentina. Lo tengo para leer ni bien el tiempo lo permita]
3. Estos dos temas se relacionan con la cuestión de la representatividad política de los respresentantes del pueblo. En un sistema de circunscripciones uninominales como el que existe en los Estados Unidos, una medida como la que se busca tomar, que pone en cuestión aspectos fundamentales del federalismo, no pasaría nunca.
Si ese fuese el sistema argentino (no decimos que deba serlo), los representantes de las provincias agropecuarias seguramente estarían con el campo, al menos si pretenden seguir teniendo carreras políticas vigorosas). En un sistema de representación proporcional como el nuestro, los legisladores deberían enfrentar las quejas de sus representados.
Pero más miedo que chacareros memoriosos generan quienes tienen el poder de sacarlos de las listas partidarias en la próxima elección: el mazo de los capos del partido es más amenazante que las eventuales, hipotéticas y lejanas represalias de los votantes. Además, como no hay un sistema de tachas en las listas, el señalamiento individual de un legislador que busca su reelección y la correlativa accountability tienen relativa importancia.
[Nuestro hipotético estudio de campo buscaría fondos para seguir el tema en la elección de legisladores de 2009, en base a cómo voto cada legislador].
Como deciámos antes, ojalá que el escenario que se plantee sea el de una deliberación profunda que permita llegar a cierto consenso en torno a la política agropecuaria. Puede ser una confianza medio tonta, pero creemos que el diálogo sirve para esos fines loables.
'Hablando se entiende la gente', que le dicen.
1 comentario:
Este post es buenísimo.
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