¿Por qué ayer la TV ofreció tres horas aburridísimas de cobertura electoral desde las 18 a las 21?

La respuesta: el fallo que la Corte dictó en junio de éste año que sostuvo la constitucionalidad de la prhibición de difundir de encuestas a boca de urna hasta tres horas después de cerrado el comicio.

En Saber Derecho Gus Arballo comenta el caso.

Cuando en su oportunidad comentamos el fallo, hicimos referencia a los votos en disidencia de Belluscio y Petracchi, que son con los que más concordamos. La ley que prohibe la difusión de encuestas a boca de urna las prohibe valiéndose de motivos equivocados.

El legislador quiso cuidar y proteger "la tranquilidad" del acto comicial. Esto es equivocado, y se expresa en el voto de los magistrados antes mencionados que transcribo a continuación.

"Las opiniones de los legisladores de la Ciudad —compartidas por el a quo y transcriptas en su fallo— revelan, en el caso de estas encuestas, el infundado paternalismo del que la Constitución nos protege.Surge de esos discursos que no se trata de defender la pureza del voto o el sosiego espiritual que debe precederlo (como en el caso de las encuestas previas al día de la votación), sino de preservar la "tranquilidad" de la gente después de los comicios. Los legisladores constatan que las encuestas son "falibles" y que, a veces, han dado por ganadores a los que, finalmente, perdieron. Piensan que eso genera "confusión" y, a veces, "tensión social" entre los militantes de las distintas fuerzas, lo que procuran evitar por medio de la prohibición. También intentan evitar que el resultado de las encuestas boca de urna "compita" con el del escrutinio oficial (fs. 98, 100, 101, 109, 110, 111 del expte. A.682.XXXVI.)."

"Se advierte fácilmente que esas prevenciones dan por cierto e inmodificable un comportamiento infantil en la población, la que, a pesar de las veces en que las predicciones de los especialistas han fallado, daría por indubitable lo que no es más que un pronóstico y se libraría a no se sabe qué clase de excesos. (...) Más bien, el riesgo está de parte de los encuestadores y de quienes transmiten sus resultados, pues a corto plazo estos se verán confirmados, o, tal vez, desmentidos (con descrédito, en este último caso, para los que los generaron). (...) Para juzgar sobre su credibilidad se atenderá, entre otras cosas, a la condición más o menos fiable de quienes los emiten. Nadie le pide al Estado que nos proteja de los errores que puedan cometer los encuestadores sobre cómo los ciudadanos han votado. Que aquéllos disfruten de sus aciertos y sufran con sus fracasos. La sociedad los valorará o los menospreciará, según unos y otros se vayan escalonando. Lo que la Constitución no permite es que, so pretexto
e protección al pueblo, se le impida a éste recibir información y valorarla, privándolo de actividades que sólo a él competen."

"Esa es la razón por la cual esta parte del art. 5° de la ley 268 no logra superar el escrutinio a que se la somete. La finalidad perseguida por quienes la sancionaron no parece compatible con una visión republicana y democrática, según la cual sólo al pueblo corresponde discernir los méritos de la información que se le ofrece, sin que pueda vedársele el acceso a aquélla con la excusa de que puede contener errores.Sustituir el juicio de la población por el juicio de las autoridades: he aquí la quintaesencia del paternalismo inconstitucional."

También sostuvimos en esa oportunidad:

"La Ley 268 regula el contenido del mensaje cuando se refiere al "error" de las encuestas discutidas, y lo hace con fines de paternalismo político, restringiendo el acceso a la información que tienen los ciudadanos. Y solo los ciudadanos deben ser los jueces de la infomración que recibe. (...)

"...no corresponde analizar la falibilidad de las encuestas a boca de urna. Esto porque implica una irrazonable regulación de contenido que debe juzgarse según los fines que el legislador tuvo al momento de sancionar la norma, que son los que señalaron los jueces Belluscio y Petrachi en su voto. Y dichos fines demuestran un paternalismo insostenible en una sociedad democrática, en la que debe ser el pueblo el último juez de lo que ve y de lo que escucha".

Lo mantego.

Y dicho sea de paso: cabe discutir si Canal 13 cumplió con la ley: si bien no difundió las encuestas, sí dijo a las 18 cuales eran las "tendencias", es decir, no dió números pero ofreció los reultados... que para el fin propuesto por el legislador y valorado por la mayoría de la Corte como positivo es igual de perjudicial que la difusión de los datos concretos.