Las comisiones militares vuelven a estar en el eje de la agenda constitucional de nuestros días y el ACS Blog presenta un comentario de Priti Patel que pone blanco sobre negro los principales cuestionamientos a éste tipo de "tribunales", órganos ejecutivos cuya validez se discute en el caso Hamdan vs. Rumsfeld, que aún no fue decidido.
La primera cuestión que se debate es si la conspiración es o no un delito en el marco del derecho internacional de Guerra.
Según Neal Katyal --abogado de Hamdan- el crimen de conspiración "fue rechazado como una violación de las leyes de Guerra en todos los tribunales que consideraron el asunto desde la Segunda Guerra Mundial".
El otro tema debatido es la terrible decisión de éstas comisiones de aceptar como prueba aquella que fue obtenida mediante tortura. Parece realmente increíble que en pleno siglo XXI una comisión dependiente del Poder Ejecutivo de una República que ejerce funciones judiciales acepte tan flagrante violación del debido proceso legal, plenamente aplicable en los órganos administrativos que ejercen una actividad "materialmente judicial".
Debido a las previsibles críticas a esa política, el Departamento de Defensa emitió una regla (PDF) que establece que ese tipo de evidencia es inadmisible. Según Priti Patel, esto es insuficiente. "De acuerdo al lenguaje de la regla 10, se trata de una declaración de política de los Estados Unidos, no un derecho legal del acusado, de modo que puede ser modificada tan fácilmente como fue establecida", dijo. Además, el concepto de tortura está definido "estrechamente", estimó Patel.
Otro de los problemas es la falta de un procedimiento adecuado y claro por el cual el acusado pueda hacer valer su "nuevo" derecho, adquirido por la graciosa concesión del Gobierno.
Finalmente, el asunto recibe otra dosis de polémica por la resolución del lunes de la Suprema Corte en el caso Padilla, donde el Supremo Tribunal desestimó el reclamo efectuado por éste prisionero de Guerra que estuvo más de tres años sin ser acusado de un delito específico.
Como ahora el Gobierno decidió cumplir con esta "formalidad", la Corte eligió no decidir por ahora el caso respecto a la validez de detener a personas que fueron señaladas por el Poder Ejecutivo como un "combatiente enemigo", categoría legal que priva de derechos a quien la padece.
La primera cuestión que se debate es si la conspiración es o no un delito en el marco del derecho internacional de Guerra.
Según Neal Katyal --abogado de Hamdan- el crimen de conspiración "fue rechazado como una violación de las leyes de Guerra en todos los tribunales que consideraron el asunto desde la Segunda Guerra Mundial".
El otro tema debatido es la terrible decisión de éstas comisiones de aceptar como prueba aquella que fue obtenida mediante tortura. Parece realmente increíble que en pleno siglo XXI una comisión dependiente del Poder Ejecutivo de una República que ejerce funciones judiciales acepte tan flagrante violación del debido proceso legal, plenamente aplicable en los órganos administrativos que ejercen una actividad "materialmente judicial".
Debido a las previsibles críticas a esa política, el Departamento de Defensa emitió una regla (PDF) que establece que ese tipo de evidencia es inadmisible. Según Priti Patel, esto es insuficiente. "De acuerdo al lenguaje de la regla 10, se trata de una declaración de política de los Estados Unidos, no un derecho legal del acusado, de modo que puede ser modificada tan fácilmente como fue establecida", dijo. Además, el concepto de tortura está definido "estrechamente", estimó Patel.
Otro de los problemas es la falta de un procedimiento adecuado y claro por el cual el acusado pueda hacer valer su "nuevo" derecho, adquirido por la graciosa concesión del Gobierno.
Finalmente, el asunto recibe otra dosis de polémica por la resolución del lunes de la Suprema Corte en el caso Padilla, donde el Supremo Tribunal desestimó el reclamo efectuado por éste prisionero de Guerra que estuvo más de tres años sin ser acusado de un delito específico.
Como ahora el Gobierno decidió cumplir con esta "formalidad", la Corte eligió no decidir por ahora el caso respecto a la validez de detener a personas que fueron señaladas por el Poder Ejecutivo como un "combatiente enemigo", categoría legal que priva de derechos a quien la padece.
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