Hoy, el New York Times publica una nota de Linda Greenhouse sobre varios casos a los que la Corte Suprema de Estados Unidos concedió certiorari, lo que significa que aceptó considerarlos en el próximo período que comienza el lunes.
Estos casos se refieren a una ley de Vermont que limita fuertemene la cantidad de dinero que se puede gastar en el marco de una campaña electoral. Ya comentamos antes éste tema: el problema que tienen este tipo de normas es que para muchos restringe indebidamente el derecho a la libertad de expresión e hicimos referencia al caso Buckley vs. Valeo (1976), el precedente de la Corte en la materia.
Estos casos se refieren a una ley de Vermont que limita fuertemene la cantidad de dinero que se puede gastar en el marco de una campaña electoral. Ya comentamos antes éste tema: el problema que tienen este tipo de normas es que para muchos restringe indebidamente el derecho a la libertad de expresión e hicimos referencia al caso Buckley vs. Valeo (1976), el precedente de la Corte en la materia.
Allí dijimos:
La Corte, en una decisión per curiam sostuvo la validez de los límites a contribuciones individuales, pero declaró la inconstitucionalidad de muchas otras provisiones.
Los límites a los gastos de campaña, a los gastos independientes de individuos o grupos, y a los gastos de un candidato que provienen de su fortuna personal fueron tachados de inconstituicionales, La Corte estimó que esas disposiciones imponían "severas restricciones" al derecho a la libertad de expresión y asociación, y no estaba probada la existencia de un "interés sustancial del gobierno", necesario para sostener esas provisiones.
La ley contendida, que es una de las más restrictivas del país , fue pormulgada como un claro desafío a la postura del Alto Tribunal. Deborah L. Markowitz, secretaria de Estado de Vermont , sostuvo en en un memo emitido con motivo de la sanción de la norma que la misma "tiene la clara intención de darle a la Corte una oportunidad para reveer la política de Buckley". La ley cuestionada establece límites de gastos de US$ 400 por persona y limita a US$ 300.000 el máximo del gasto de campaña.
El caso proviene de la Corte de Apelaciones del segundo Distrito, donde la mayoría del tribunal consideró que ahora existen dos intereses sustanciales del gobierno involucrados: resolver el creciente cinismo público respecto al papel del 'dinero' en las campañas electorales y limitar el tiempo que los candidatos tienen que dedicar a la recolección de fondos.
Trece estados presentaron pedidos a la Corte de que revea la política por la confusión que reina sobre la materia en las Cortes inferiores.
La ACLU y el James Madison Center for Free Speech son quienes cuestionan la ley de Vermont ya que enteinden que "la Primera Enmienda no permite a los estados determinar 'cuánto discurso' es suficiente, ni para los candidatos ni para los votantes".
Por su parte, otros grupos defendieron la ley y consideraron que "el amplio interés del gobierno en proteger la 'igualdad política' de los ciudadanos también merece consideración".
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