El ACS Blog informa hoy que la American Library Association (ALA) (una organización que nuclea a las bibliotecas de Estados Unidos) emitió un informe preliminar que indica que algunas bibliotecas, tanto públicas como del ámbito acedémico, han recibido pedidos por parte de autoridades estatales o federales para revelar los registros de los usuarios de dichos establecimientos.
La encuesta se hizo sobre 1500 bibliotecas públicas y 4008 académicas, de las cuales respondieron el 33 % en el primer caso, y el 23 % en el segundo. Si bien la mayoría de las bibliotecas respondió negativamente, algunas indicaron a los encuestadores que diversas agencias hicieron pedidos - informales y oficiales, según indica el New York Times - tendientes a obtener los registros de los usuarios.
Los requerimientos del gobierno se fundan en la famosa ley denominada "Patriot Act" sancionada inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Esta norma, en su sección 215, establece que las autoridade federales podrán requerir
Actualmente, esa norma se encuetra en proceso de reforma en el Poder Legislativo.
Uno de los datos más característicos de los estados gendarmes o policiales es la vigilancia estatal sobre lo que la población lee. Ocurrió aquí durante el último gobierno militar (en donde se prohibieron numerosos libros) y ocurrió en la Alemania nazi, donde las quemas públicas de libros pasaron a la posteridad como símbolo perenne de la barbarie humana. Y ocurrió - y sigue ocurriendo - en cualquier sistema totalitario de los tantos que subsisten en el mundo.
Es por eso que es inevitable recordar el paradigmático libro 1984, de Gorge Orwell, en donde Winston Smith escribe y lee un libro prohibido en la esquina de su cuarto, único recoveco libre del ojo inquisidor y omnipresente del "Gran Hermano". Francamente, poco importa cuantos pedidos hizo el gobierno. Sean muchos o pocos, su mera existencia es una falla grave del sistema democrático estadounidense, que recién ahora está empezando a recomponerse.
La encuesta se hizo sobre 1500 bibliotecas públicas y 4008 académicas, de las cuales respondieron el 33 % en el primer caso, y el 23 % en el segundo. Si bien la mayoría de las bibliotecas respondió negativamente, algunas indicaron a los encuestadores que diversas agencias hicieron pedidos - informales y oficiales, según indica el New York Times - tendientes a obtener los registros de los usuarios.
Los requerimientos del gobierno se fundan en la famosa ley denominada "Patriot Act" sancionada inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Esta norma, en su sección 215, establece que las autoridade federales podrán requerir
"...la producción (entrega) de cualquier cosa tangible (inluyendo libros, regsitros, papeles, documentos y otros ítems) para una investigación destinada a proteger (al país) del terrorismo internacional o de actividades clandestinas de inteligencia..."
Actualmente, esa norma se encuetra en proceso de reforma en el Poder Legislativo.
Uno de los datos más característicos de los estados gendarmes o policiales es la vigilancia estatal sobre lo que la población lee. Ocurrió aquí durante el último gobierno militar (en donde se prohibieron numerosos libros) y ocurrió en la Alemania nazi, donde las quemas públicas de libros pasaron a la posteridad como símbolo perenne de la barbarie humana. Y ocurrió - y sigue ocurriendo - en cualquier sistema totalitario de los tantos que subsisten en el mundo.
Es por eso que es inevitable recordar el paradigmático libro 1984, de Gorge Orwell, en donde Winston Smith escribe y lee un libro prohibido en la esquina de su cuarto, único recoveco libre del ojo inquisidor y omnipresente del "Gran Hermano". Francamente, poco importa cuantos pedidos hizo el gobierno. Sean muchos o pocos, su mera existencia es una falla grave del sistema democrático estadounidense, que recién ahora está empezando a recomponerse.
1 comentario:
Excellent, that was really well explained and helpful
Publicar un comentario