Se dió a conocer el informe anual sobre libertad de prensa de la asociación Reporteros Sin Fronteras. Argentina está en el puesto 59 de la lista.
Específicamente, sobre Argentina se dice:
Alberto Rodriguez Saa es blanco de las críticas de RSF por pormover una ley de prensa que prevé el embargo o el cierre de los periódicos que publiquen informaciones de carácter "subversivo, sedicioso, obsceno o inmoral". El proyecto fue retirado a raiz de la fuerte reacción pública de rechazo a la medida.
A título de ejemplo, el reporte cita el caso de Córdoba, donde "la alcaldía retiró toda la publicidad al diario El Mañana, después de que criticara la gestión del equipo municipal".
También sostiene que en la provincia de Neuquen "el Ministro de Seguridad y Trabajo, Luis Manganaro, intentó obligar al diario Río Negro, que acababa de implicarle en un caso de desvió de fondos, a revelar sus fuentes ante la justicia que, felizmente, se opuso".
En Tierra de Fuego, dos periodistas sufrieron el destrizo de su automóvil "después de que acusaran a un ministro de la provincia de ocupar indebidamente una propiedad, que pertenece a la municipalidad de Río Grande".
Asimismo, se señala el problema del acceso a la información pública. "Según sea la línea del periódico que solicita los datos, los funcionarios proporcionan o no las informaciones pedidas". Se sabe que existe un proyecto que avanzó bastante en Diputados, pero las modificaciones realizadas en el Senado hicieron que el mismo perdiera el apoyo de diversas y prestigiosas organizaciones no gubernamentales.
En ese sentido, cabe recordar el informe presentado por Poder Ciudadano en agosto de este año en donde dió a conocer los requisitos mínimos para la sanción de una ley de Acceso a la Información Pública.
Los aspectos principales del documento son los siguientes.
Se exige una legitimación activa amplia, sin necesidad de dar mayores explicaciones sobre los motivos por los que se solicita la información. En ese sentido, sostiene el documento:
La ley debería abarcar al Estado en su conjunto, lo que incluye a los tres poderes y --solicita el documento- al Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura. Además, creen que también debería incluirse a la "información privada de naturaleza pública". En ese sentido:
Con respecto a las excepciones al principio de publicidad de todo acto de gobierno, el documento contiene las siguientes recomendaciones:
Volviendo al reporte de RSF, la asociación criticó el uso de la publicidad oficial por parte del gobierno nacional como modo de presionar a los medios de comunicación, en muchos casos 'apretados' por la situación económica.
Finalmente, RSF se lamenta de la disolución de la asociación Periodistas y toman nota de la liberación de José Luis Auge, uno de los asesinos de José Luis Cabezas.
Específicamente, sobre Argentina se dice:
"Discriminación en la concesión de la publicidad y en el acceso a la información públicas, presiones judiciales, agresiones... la situación de la libertad de prensa sigue sin ser satisfactoria en las provincias, donde las autoridades locales disponen de amplias prerrogativas. El gobierno del presidente Kirchner no ha quedado al margen de las críticas, acusado también él de querer tener un peso en la línea de los principales medios de comunicación".
Alberto Rodriguez Saa es blanco de las críticas de RSF por pormover una ley de prensa que prevé el embargo o el cierre de los periódicos que publiquen informaciones de carácter "subversivo, sedicioso, obsceno o inmoral". El proyecto fue retirado a raiz de la fuerte reacción pública de rechazo a la medida.
A título de ejemplo, el reporte cita el caso de Córdoba, donde "la alcaldía retiró toda la publicidad al diario El Mañana, después de que criticara la gestión del equipo municipal".
También sostiene que en la provincia de Neuquen "el Ministro de Seguridad y Trabajo, Luis Manganaro, intentó obligar al diario Río Negro, que acababa de implicarle en un caso de desvió de fondos, a revelar sus fuentes ante la justicia que, felizmente, se opuso".
En Tierra de Fuego, dos periodistas sufrieron el destrizo de su automóvil "después de que acusaran a un ministro de la provincia de ocupar indebidamente una propiedad, que pertenece a la municipalidad de Río Grande".
Asimismo, se señala el problema del acceso a la información pública. "Según sea la línea del periódico que solicita los datos, los funcionarios proporcionan o no las informaciones pedidas". Se sabe que existe un proyecto que avanzó bastante en Diputados, pero las modificaciones realizadas en el Senado hicieron que el mismo perdiera el apoyo de diversas y prestigiosas organizaciones no gubernamentales.
En ese sentido, cabe recordar el informe presentado por Poder Ciudadano en agosto de este año en donde dió a conocer los requisitos mínimos para la sanción de una ley de Acceso a la Información Pública.
Los aspectos principales del documento son los siguientes.
Se exige una legitimación activa amplia, sin necesidad de dar mayores explicaciones sobre los motivos por los que se solicita la información. En ese sentido, sostiene el documento:
"Si la transparencia es una de las estrategias más eficaces de control del gobierno por parte de los particulares, no puede ser el mismo gobierno el que decida si brinda la información evaluando en cada caso con amplia discrecionalidad si existen buenas razones para brindar la información que se requiera. Por este motivo, la información debe poder ser requerida por cualquier persona y no sólo por aquellos que la Administración considere poseen la legitimación para ello".
La ley debería abarcar al Estado en su conjunto, lo que incluye a los tres poderes y --solicita el documento- al Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura. Además, creen que también debería incluirse a la "información privada de naturaleza pública". En ese sentido:
"Existen varios supuestos en que la información en manos privadas concierne y es de interés del conjunto de la sociedad. Con relación a este punto, es necesario incluir a las empresas privadas prestatarias de servicios públicos como sujetos obligados a proveer información, como así también a las Organizaciones No Gubernamentales que administran fondos del Estado en la implementación de políticas públicas".
Con respecto a las excepciones al principio de publicidad de todo acto de gobierno, el documento contiene las siguientes recomendaciones:
"Asimismo, cada vez que la autoridad deniegue el acceso a determinada información deberá demostrar en los fundamentos del acto que la información solicitada:También se pide la previsión de un recurso judicial eficiente para los casos de negativas injustificadas, la educación de los funcionarios en la prestación de un buen servicio y el principio de gratuidad para acceder a la información.
- Se encuentra íntimamente relacionada con alguna de las materias que se intentan proteger en la lista de excepciones establecidas por la misma ley.
- De ser publicitada causaría un perjuicio sustancial en la materia protegida por la excepción establecida en la ley.
- De ser publicitada, el perjuicio generado en la materia exceptuada debe ser superior al interés público de acceder a la información".
Volviendo al reporte de RSF, la asociación criticó el uso de la publicidad oficial por parte del gobierno nacional como modo de presionar a los medios de comunicación, en muchos casos 'apretados' por la situación económica.
Finalmente, RSF se lamenta de la disolución de la asociación Periodistas y toman nota de la liberación de José Luis Auge, uno de los asesinos de José Luis Cabezas.
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