En Diario Judicial, se informa de un proyecto que circula en el Consejo de la Magistratura de la Nación que pretende instaurar un mecanismo de publicidad para las declaraciones juradas de los jueces de la Nación.
Habría dos posturas encontradas: una, buscaría que el trámite sea rápido y sencillo. Con el solo requisito de llenar un formulario de solicitud en el que el ciudadano interesado se identifique, la declaración patrimonial de los jueces debería ser entregada dentro de 72 horas. La consejera Marcela Rodríguez, diputada del ARI, favorece esta postura y considera que el otro proyecto en circulacuión "viola la ley de ética pública" y establece un procedimiento "engorroso" y es "hacer reglamentos para que nada cambie".
Por su parte, el consejero Claudio Kiper sostuvo: "El patrimonio de una persona forma parte de su intimidad que está legislada por la Constitución Nacional". Lo que es cierto, cuando se trata de personas privadas. Sin embargo, los funcionarios públicos están sometidos a un grado de escrutinio de la sociedad mucho mayor, exigencia elemental del sistema republicano.
Hay otras propuestas intermedias, como la de Quiroga Lavié, quien estima conveniente que los Consejeros analicen caso por caso los pedidos.
Sería bueno que sean los jueces los que den el ejemplo en materia de transparencia y ética pública, en lugar de esconderse en temores infundados y viejos privilegios.
Habría dos posturas encontradas: una, buscaría que el trámite sea rápido y sencillo. Con el solo requisito de llenar un formulario de solicitud en el que el ciudadano interesado se identifique, la declaración patrimonial de los jueces debería ser entregada dentro de 72 horas. La consejera Marcela Rodríguez, diputada del ARI, favorece esta postura y considera que el otro proyecto en circulacuión "viola la ley de ética pública" y establece un procedimiento "engorroso" y es "hacer reglamentos para que nada cambie".
Por su parte, el consejero Claudio Kiper sostuvo: "El patrimonio de una persona forma parte de su intimidad que está legislada por la Constitución Nacional". Lo que es cierto, cuando se trata de personas privadas. Sin embargo, los funcionarios públicos están sometidos a un grado de escrutinio de la sociedad mucho mayor, exigencia elemental del sistema republicano.
Hay otras propuestas intermedias, como la de Quiroga Lavié, quien estima conveniente que los Consejeros analicen caso por caso los pedidos.
Sería bueno que sean los jueces los que den el ejemplo en materia de transparencia y ética pública, en lugar de esconderse en temores infundados y viejos privilegios.
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