
Pero aún el caso se mantiene en espera. 450 profesores de derecho de los Estados Unidos firmaron una carta pidiendo a la Corte que revise el caso.
En Balkanization, Oona Hathaway dió las razones por las que la Suprema Corte debería conceder el certiorari:
"Hamdan ofrece a la Corte la oportunidad de preveer una muy necesitada revisión. La opinión de la corte inferior no ha sido llamada un 'cheque en blanco' al Presidente en la guerra contra el terror sin razón. Permite al Presidente crear tribunales militares por fuera de la Constitución para juzgar a los detenidos y les prohibe a exigir las protecciones de la Convención de Ginebra en las cortes federales. Es más, los tribunales carecen de importantes protecciones procesales, permitiendo -por ejemplo- el uso de evidencia secreta y declaraciones sin estar bajo juramento. Los acusados ni siquiera tienen el derecho a estar presentes durante su propio juicio. Al menos la Corte debería querer ver el caso y decidir por sí misma si esta concesión de autoridad sin precedentes es permitida".
Tal vez, la Corte no decidió por no estar completa: el juez Alito está nominado pero la confirmación parece lejana todaviá. Además, el chief justice Roberts no puede decidir el caso ya que integró la mayoría de la Cámara de Apelaciones que entendió legítimos los tribunales creados por la administración.
Hasta los militares piden que sea decidido a favor del reconocimiento de los derechos: temen que si no se hace así los derechos de las americanos apresados en el extranjero sean también violados.
Como dijimos antes, el caso es de suma trascendencia institucional. Si se acepta la validez de procesos "judiciales" en esas condiciones: ¿puede Estados Unidos seguir siendo considerado una república?
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