El proyecto de Cristina Kirchner que busca modificar la composión del Consejo de la Magistratura y aumentar la influencia del oficialismo está cerca de aprobarse. Hoy será tratado por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado --que preside la primera dama- y todo indica que será aprobado.Como dijimos hace unos días, la movida del oficialismo reduce el número de miembros de modo tal que el oficialismo aumentará considerablemente su influencia en el órgano creado en 1994 y previsto en el artículo 114 de la Constitución. Esta disposición establece:
"El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial.
El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley.
Serán sus atribuciones:
- Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores.
- Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores.
- Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia.
- Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados.
- Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y formular la acusación correspondiente.
- Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia".
Los dos principales diarios del país trataron los temas. Clarín fue claro cuando sostuvo:
"La iniciativa propone reducir de 20 a 13 el número de miembros del Consejo de la Magistratura, con lo cual se reforzaría la presencia del oficialismo y se reduciría la representación de las minorías".
Además de mayoría propia, el oficialismo aumentaría su representación en el Consejo en un 13% respecto de la que tiene ahora.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) fue claro en su juicio sobre la medida. Sostuvo la institución que nuclea a los abogados de Capital que, de aprobarse el proyecto oficialista, estaríamos ante "el mayor retroceso en la Justicia desde la ampliación de los miembros de la Corte Suprema". Esa meida fue adoptada por el ex presidente Carlos Menem en 1990 y produjo una cataratas de críticas.
Por su parte, Adrián Ventura criticó el proyecto en una columna en La Nación. El periodista y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, dijo:
"A la luz de las decisiones de los últimos días, el Poder Ejecutivo parece haber interpretado que los resultados de las elecciones legislativas le permiten concentrar el ejercicio del mando.
Esa pretensión quizá sea aceptable -aunque no sea conveniente ni sabia- si se la pretende ejercer sobre la administración pública, que depende del Presidente, pero no es constitucionalmente admisible si se la quiere extender al Poder Judicial".
Opinión
El proyecto impulsado por el oficialismo muestra a las claras que la decisión de los Constituyentes de no regular dentro del texto de la Constitución la composión del Consejo de la Magistratura fue una de las peores decisiones adoptadas por la Convención de 1994.
Al establecer sólo los principios que debería respetar la ley que regulara el modo en que el Consejo sería conformado, los Constituyentes abrieron la puerta a que eventuales mayorías en el poder busquen aumantar su influencia dentro de un órgano ajeno a los poderes políticos del Estado.
Debe tenerse en cuenta que al Consejo corresponde elegir a los jueces de los tribunales inferiores, decidir el sometimiento de esos jueces a juicio político, administrar y ejecutar el presupuesto del Poder Judicial y dictar reglamentos internos de organización de la justicia.
El ejercicio arbitrario de estas faultades por parte de un Consejo dominado por una mayoría circunstancial sería una vía más que idónea para presionar a otro poder que --en teoría- debe ser independiente de los poderes políticos.
Piénsese en la decisión de someter a Jury de enjuiciamiento a los magistrados, la no aprobación de partidas presupuestarias, etcétera.
Tal vez, ahora podamos festejar el hecho de que en la pelea entre el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia en torno a determinar quien es la cabeza del Poder Judicial, sea la Corte quien tenga la última palabra.
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