En realidad, no es la Legislatura la que deberá decidir, sino la Sala Acusadora de la misma, constituida según lo previsto en el Título Tercero, Capítulo Cuarto de la Constitución de la Ciudad, que regula el trámite de este proceso.
Al tratarse la Legislatura de un cuerpo unicameral, el tradicional trámite de juicio político en el orden federal, en el que una cámara actúa como acusadora y otra como tribunal, no es aplicable.
Es por eso que el artículo 93 de la Constitución establece:
"Cada dos años y en su primera sesión, la Legislatura se divide por sorteo, en una sala acusadora integrada por el setenta y cinco por ciento de sus miembros y en una sala de juzgamiento compuesta por el veinticinco por ciento restante, respetando la proporcionalidad de los partidos o alianzas. Cada sala es presidida por un diputado elegido por mayoría simple entre sus miembros. Cuando el juicio político sea contra el Gobernador o el Vicegobernador, la sala de juzgamiento es presidida por el presidente del Tribunal Superior."
Como vemos, la Sala Acusadora, compuesta por el 75 por ciento de los miembros de la Legislatura, es la que deberá decidir mañana; no el pleno del cuerpo. Esta Sala tomará su decisión basándose en el informe de la Comisión Investigadora, que a diferencia de lo que puede considerarse a prima facie, no fue creada para investigar el caso Cromañón, sino que está prevista en la Constitución en su artículo 94. En su parte pertinente, esa disposición establece:
"La sala acusadora nombra en su primera sesión anual una comisión para investigar los hechos en que se funden las acusaciones. Dispone de facultades instructorias y garantiza al imputado el derecho de defensa. Dictamina ante el pleno de la sala, que da curso a la acusación con el voto favorable de los dos tercios de sus miembros."
En el caso de Ibarra, la Comisión ya emitió un informe, duramente criticado por Ibarra en conferencia de prensa, hace ya varias semanas.
Ahora es el turno de la Sala Acusadora de la Legislatura decidir si Ibarra es sometido o no a juicio político.
Con respecto a las circusntancias concretas del caso, cabe destacar que la decisión de mañana no debería implicar necesariamente una condena. Debería ser un ámbito político en el que se discutiera el desempeño del actual jefe del gobierno de la Ciudad.
El juicio político es una institución peculiar, que si bien tiene ciertas similitudes con un juicio ante los estrados judiciales, es de naturaleza esencialmente política. Recordemos el caso Nicosia, en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el Senado de la Nación, al actuar como tribunal en el juicio político, tiene el deber de respetar los principios elementales del debido proceso. Si bien ejerce propiamente la función legislativa, el Senado está actuando materialmente como un juez y sus miembros deben prestar juramento de “administrar justicia con imparcialidad y rectitud conforme a la Constitución y a las leyes de la nación”
Cromañón implicó una larga cadena de responsabilidades, que no deja de atrapar a los propios espectadores, al dueño del local, a los miembros de la banda y a la administración, encargada de ejercer el poder de policía sobre el lugar de la tragedia. Evidentemente, algo falló: o bien no se cumplieron los pasos administrativos o la reglamentación era insuficiente.
Si el sometimiento al juicio político no implicase sin más una condena -como sucedió en los últimos enjuiciamientos de jueces de la Corte- tal vez 194 muertos merecerían que la administración dé sus explicaciones en un juicio público en el ámbito del órgano legislativo de la Ciudad.
UPDATE: Algo que se pasó. Para que el juicio proceda, es necesario el voto de 30 legisladores, ya que la Sala Acusadora está compuesta por 45 y la mayoría necesaria es de dos tercios. Supuestamente, ya hay 29 votos a favor del juicio. ¿Cómo votará Borocotó si la cosa se le complica a Ibarra?
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