Luego de mi post del Jueves, debo decir que Diario Judicial me generó súbitos escalofríos en su edición de hoy, ya que puso en evidencia mis hasta ahora insospechadas capacidades de PREDICCIÓN o bien la real influencia que este humilde blog tiene para FIJAR AGENDA en los temas de debate públicos en este país (y que su promedio de 30 visitas de página por día se empeña en negar).
El hecho es que el citado diario de internet informa que el Consejo de la Magistratura está barajando ideas para solucionar el problema de los meritorios. Mediante una resolución de la Comisión de Administración y Financiera, el Consejo decidió realizar un censo para identificar la cantidad de jóvenes que se desempeñan en estos puestos. Asimismo, el camarista Claudio Kiper propuso que los jueces nombren a meritorios para ocupar las próximas vacantes que se produzcan dentro de cada juzgado.
Concursos para acceder a todos los cargos
Un propuesta interesante presentada en el Consejo vino de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, en una acción que resultó -para mí- una grata sorpresa.
Propone que como primer paso se les otorgue a los meritorios cobertura médica a través de la obra social del PJN y que se establezca un reglamento que permita acceder a todos los cargos del Poder Judicial por medio de un concurso de antecedentes (como pedíamos aquí).
Este mecanismo también es apoyado por el consejero Da Rocha, quien estimó que el ingreso al Poder Judicial debe ser por concurso. "Como entran los jueces, deben entrar los empleados y los funcionarios. Primero por un concurso general y abierto, y luego por un cocnurso cerrado en el que participen aquellos que están en la misma categoría. Esto quiere decir la desaparición del meritorio. Y la promoción también tiene que ser por concurso de antecedentes y exámenes", agregó.
¿Por que?
En mi opinión existe una obligación constitucional de establecer concursos para acceder a los cargos públicos.
Siendo el único requisito constitucional para acceder a los mismos la idoneidad, los cargos no políticos dentro de la estructura del Estado son también un modo por medio del cual ese Estado asigna recursos. En virtud del principio de igualdad ante la ley, las oportunidades para acceder a esos recursos deben ser igualitarias para todos los ciudadanos.
Esta es una de las razones por las cuales existe el sistema de licitación para la realización de obras públicas. Cuando el Estado asigna recursos, lo legal es distribuirlos por medio de una licitación pública (aunque hay excepciones, como la contratación directa, que pretenden de cualquier modo garantizar la no arbitrariedad en la asignación).
Lo mismo debería suceder cuando el Estado distribuye recursos por medio de los cargos públicos. Si bien es difícil prever en estos casos hechos de corrupción, la dificultad reside sólo en los montos bajos de los sueldos en relaciaón a los montos de las obras públicas. En otra palabras: la torta no es lo suficientemente grande como para repartirla.
Aunque no extrañaría algún "cobro de peaje" del jefe administrativo de turno.
En conclusión, una iniciativa loable, que -esperemos- encuentre aceptación entre los encargados de llevarla adelante.
El hecho es que el citado diario de internet informa que el Consejo de la Magistratura está barajando ideas para solucionar el problema de los meritorios. Mediante una resolución de la Comisión de Administración y Financiera, el Consejo decidió realizar un censo para identificar la cantidad de jóvenes que se desempeñan en estos puestos. Asimismo, el camarista Claudio Kiper propuso que los jueces nombren a meritorios para ocupar las próximas vacantes que se produzcan dentro de cada juzgado.
Concursos para acceder a todos los cargos
Un propuesta interesante presentada en el Consejo vino de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, en una acción que resultó -para mí- una grata sorpresa.
Propone que como primer paso se les otorgue a los meritorios cobertura médica a través de la obra social del PJN y que se establezca un reglamento que permita acceder a todos los cargos del Poder Judicial por medio de un concurso de antecedentes (como pedíamos aquí).
Este mecanismo también es apoyado por el consejero Da Rocha, quien estimó que el ingreso al Poder Judicial debe ser por concurso. "Como entran los jueces, deben entrar los empleados y los funcionarios. Primero por un concurso general y abierto, y luego por un cocnurso cerrado en el que participen aquellos que están en la misma categoría. Esto quiere decir la desaparición del meritorio. Y la promoción también tiene que ser por concurso de antecedentes y exámenes", agregó.
¿Por que?
En mi opinión existe una obligación constitucional de establecer concursos para acceder a los cargos públicos.
Siendo el único requisito constitucional para acceder a los mismos la idoneidad, los cargos no políticos dentro de la estructura del Estado son también un modo por medio del cual ese Estado asigna recursos. En virtud del principio de igualdad ante la ley, las oportunidades para acceder a esos recursos deben ser igualitarias para todos los ciudadanos.
Esta es una de las razones por las cuales existe el sistema de licitación para la realización de obras públicas. Cuando el Estado asigna recursos, lo legal es distribuirlos por medio de una licitación pública (aunque hay excepciones, como la contratación directa, que pretenden de cualquier modo garantizar la no arbitrariedad en la asignación).
Lo mismo debería suceder cuando el Estado distribuye recursos por medio de los cargos públicos. Si bien es difícil prever en estos casos hechos de corrupción, la dificultad reside sólo en los montos bajos de los sueldos en relaciaón a los montos de las obras públicas. En otra palabras: la torta no es lo suficientemente grande como para repartirla.
Aunque no extrañaría algún "cobro de peaje" del jefe administrativo de turno.
En conclusión, una iniciativa loable, que -esperemos- encuentre aceptación entre los encargados de llevarla adelante.
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