Poder Ciudadano elaboró una serie de recomendaciones para la próxima campaña electoral que tiene por objeto dar mayor transparencia al proceso de elección a llevarse a cabo en Octubre de este año.
El documento contiene importantes medidas que, de adoptarse por todos los involucrados en la elección, darían por resultado una mayor transparencia en el proceso, principalmente en lo referente a la ríspida cuestión de los gastos de campañas y la inaguración y promoción de obras públicas con fines electorales.
Dentro de las principales propuestas cabe destacar:
Los partidos solo pueden gastar hasta un monto determinado. Si se pasan, serán sancionados.
Se prohíbe la publicidad en TV hasta 32 días antes del comicio.
La campaña comienza 60 días antes del comicio.
El gobierno nacional no puede ingaurar obras públicas que tiendan a favorecer a un candidato.
Se debe presentar un informe detallado con las donaciones diez días antes de la elección. Esa información es pública.
Las donaciones anónimas están prohibidas.
Opinión y cuestionamientos constitucionales en EE.UU.
Estimo que las propuestas de Poder Ciudadano mejorarían el sistema republicano si se adoptasen y se cumpliesen.
Sin dudas que resolver el tema de las campañas electorales y el financiamiento del proceso electoral es vital para el buen funcionamiento de la República, ya que el manejo discrecional de fondos -públicos y privados- con fines electorales puede dar lugar a la comisión del delito de "tráfico de influencias", fuente primaria de la corrupción que corroe a muchos sistemas democrácticos.
Pero la cuestión, desdes el punto de vista constitucional, tiene sus bemoles. En EE.UU. se intentaron imponer varias veces restriccione sobre el modo de financiamiento de las campañas electorales, y muchas veces esos intentos encontraron escollos constitucionales.
Por ejemplo, la Suprema Corte de los Estados Unidos decidió en el caso Buckley vs. Valeo (1976) anular algunas partes de la Federal Election Campaign Act de 1971.
La Corte, en una decisión per curiam sostuvo la validez de los límites a contribuciones individuales, pero declaró la inconstitucionalidad de muchas otras provisiones.
Los límites a los gastos de campaña, a los gastos independientes de individuos o grupos, y a los gastos de un candidato que provienen de su fortuna personal fueron tachados de incosntituicionales, La Corte estimó que esas disposiciones imponían "severas restricciones" al derecho a la libertad de expresión y asociación, y no estaba probada la existencia de un "interés sustancial del gobierno", necesario para sostener esas provisiones.
El documento contiene importantes medidas que, de adoptarse por todos los involucrados en la elección, darían por resultado una mayor transparencia en el proceso, principalmente en lo referente a la ríspida cuestión de los gastos de campañas y la inaguración y promoción de obras públicas con fines electorales.
Dentro de las principales propuestas cabe destacar:
Los partidos solo pueden gastar hasta un monto determinado. Si se pasan, serán sancionados.
Se prohíbe la publicidad en TV hasta 32 días antes del comicio.
La campaña comienza 60 días antes del comicio.
El gobierno nacional no puede ingaurar obras públicas que tiendan a favorecer a un candidato.
Se debe presentar un informe detallado con las donaciones diez días antes de la elección. Esa información es pública.
Las donaciones anónimas están prohibidas.
Opinión y cuestionamientos constitucionales en EE.UU.
Estimo que las propuestas de Poder Ciudadano mejorarían el sistema republicano si se adoptasen y se cumpliesen.
Sin dudas que resolver el tema de las campañas electorales y el financiamiento del proceso electoral es vital para el buen funcionamiento de la República, ya que el manejo discrecional de fondos -públicos y privados- con fines electorales puede dar lugar a la comisión del delito de "tráfico de influencias", fuente primaria de la corrupción que corroe a muchos sistemas democrácticos.
Pero la cuestión, desdes el punto de vista constitucional, tiene sus bemoles. En EE.UU. se intentaron imponer varias veces restriccione sobre el modo de financiamiento de las campañas electorales, y muchas veces esos intentos encontraron escollos constitucionales.
Por ejemplo, la Suprema Corte de los Estados Unidos decidió en el caso Buckley vs. Valeo (1976) anular algunas partes de la Federal Election Campaign Act de 1971.
La Corte, en una decisión per curiam sostuvo la validez de los límites a contribuciones individuales, pero declaró la inconstitucionalidad de muchas otras provisiones.
Los límites a los gastos de campaña, a los gastos independientes de individuos o grupos, y a los gastos de un candidato que provienen de su fortuna personal fueron tachados de incosntituicionales, La Corte estimó que esas disposiciones imponían "severas restricciones" al derecho a la libertad de expresión y asociación, y no estaba probada la existencia de un "interés sustancial del gobierno", necesario para sostener esas provisiones.
Un tema interesante, que recientemente ví mencionado en el libro Constitutional Law for a Changing America: Rights, Liberties and Justice (de allí saqué el dato de Buckley).
Si el tiempo acompaña, trataré de profundizar más al respecto.
Si el tiempo acompaña, trataré de profundizar más al respecto.
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